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Comunicado

La Escuela Superior de Administración Pública, considerando que:

1. El Gobierno Nacional amplió la emergencia sanitaria en virtud de la Resolución 1462 de 2020, expedida por el Ministerio de Salud y Protección Social estableciendo la prórroga de la emergencia sanitaria por covid-19 hasta el próximo 30 de noviembre.

2. Luego de la aplicación de una encuesta de caracterización entre cerca de 9.000 miembros de nuestra población estudiantil, se obtuvo como resultado que el sesenta por ciento (60%) de los educandos no está en condiciones de asistir presencialmente a las actividades académicas en lo que resta de la vigencia.

3. La Escuela está en la obligación y resulta imperioso realizar un análisis de las condiciones objetivas y efectivas para determinar el retorno gradual, progresivo y sobre todo seguro de los estudiantes, el personal docente y los funcionarios al servicio educativo presencial, teniendo en cuenta la Directiva 013 del Ministerio de Educación Nacional, y la Resolución 1721 del 24 de septiembre de 2020 del Ministerio de Salud “por medio de la cual se adopta el protocolo de bioseguridad para el manejo y control del riesgo del coronavirus COVID 19 en instituciones educativas, instituciones de educación superior y las instituciones de educación para el trabajo y el desarrollo humano” .

4. El retorno parcial de las Universidades se ha concentrado en los programas con prácticas de laboratorio o talleres en los cuales el proceso de enseñanza requiere la presencia del estudiante.

5. Que las medidas biosanitarias destinadas a evitar el contagio son, entre otras, el autoaislamiento preventivo y el autocuidado, por lo cual es necesario garantizar que los diferentes estamentos de la Escuela puedan desarrollar sus actividades desde sus sitios de residencia.

En consecuencia, la ESAP informa a la comunidad educativa que las actividades académicas, administrativas y financieras continuarán adelantándose preferencialmente de manera virtual hasta la culminación del semestre académico en curso; sin perjuicio de las actividades presenciales que se necesiten para garantizar la atención de las obligaciones de la Institución, y de las decisiones que, en el futuro inmediato, se tomen por parte de las autoridades competentes.