La difícil situación que experimentaron los Estados Nacionales alrededor del mundo para responder a las dificultades que surgieron entorno de la pandemia producida por el COVID-19, impulsa a la sociedad a buscar la cooperación entre vecinos y construir espacios donde converjan las múltiples experiencias nacionales. Esta línea del Congreso se basa en la Capacidad Institucional, que enfatiza el análisis de los enfoques conceptuales, teóricos y los sistemas desplegados de respuesta a los problemas sociales por parte de los gobiernos locales, regionales o nacionales; en particular la forma como se retomarán los Objetivos de Desarrollo Sostenible desde la política y la gestión pública.

La toma de decisiones en la Administración Pública es una cuestión que atañe a las políticas públicas y a la gestión pública, que compromete la calidad de las intervenciones, su pertinencia, oportunidad y suficiencia, entre otros aspectos. La política pública constituye un dilema de asignación de recursos entre fines que se muestran en algunos casos complementarios y fácilmente discernibles y en otros casos rivales y de aceptación social litigiosa.

La toma de decisiones en las organizaciones y burocracias modernas es un reto de primer orden que se desea someter al escrutinio de la comunidad académica, al examen de sus problemáticas, desafíos, avances y experiencias.

En la actualidad es imposible desconocer las relaciones de interdependencia que sustentan y estructuran la sociedad actual, por cuanto los actores de la sociedad: políticos, gubernamentales, económicos, sociales e intelectuales, “son actores independientes y autónomos en la definición de sus decisiones, pero son al mismo tiempo dependientes de los recursos, las capacidades y las acciones de los demás para poder realizar sus decisiones y proyectos de vida” (Aguilar, 2019, p. 10). En este escenario, la dirección o gobierno de la sociedad debe realizarse mediante la interlocución, negociación y concertación entre las instituciones de gobierno y los actores sociales, y, en consecuencia, las estrategias de intervención pública o políticas directivas son el resultado de la coproducción de diversos actores, y de su corresponsabilidad (Aguilar, 2019).De lo anterior, Dente & Subirats (2014) reafirman que los resultados de un proceso de toma decisiones de política pública dependen de la interacción de diferentes tipos de actores, dentro de un entramado que puede tener diferentes características, utilizando varias modalidades de interacción, para conseguir un acuerdo en un contexto decisional determinado. Así, y en el marco del contexto social, político y económico actual, surge la necesidad de explorar y analizar los procesos de toma de decisiones adelantados por las administraciones públicas, frente a los retos prioritarios de la sociedad y de cara a los ODS.

De lo anterior, Dente & Subirats (2014) reafirman que los resultados de un proceso de toma decisiones de política pública dependen de la interacción de diferentes tipos de actores, dentro de un entramado que puede tener diferentes características, utilizando varias modalidades de interacción, para conseguir un acuerdo en un contexto decisional determinado. Así, y en marco del contexto social, político y económico actual, surge la necesidad de explorar y analizar los procesos de toma de decisiones adelantados por las administraciones públicas frente a los retos prioritarios de la sociedad y de cara a los ODS.

En la segunda década del siglo XXI, las sociedades se encuentran inmersas en un entorno marcado por la complejidad de las problemáticas sociales derivadas de nuevos fenómenos que tienen impacto en los ámbitos social, político y económico. Esto, sin duda, requiere de procesos innovadores que permitan la “introducción de nuevos elementos al servicio público en la forma de nuevos conocimientos, una nueva organización, una nueva gestión o habilidades procesuales” (Vidal, 2017, p. 54).

Estos procesos de cambio para la administración y gestión de lo público implican, en muchos casos, asumir los riesgos y las consecuencias no deseadas o imprevistas. Sin embargo, en el escenario de nuevas contingencias, se espera que la innovación en el sector público permita la introducción de nuevas ideas que deberían ser capaces y oportunas para mejorar la operatividad de las instituciones y elevar el nivel de vida de la sociedad (Vidal,2017). Esto, para el caso específico de las administraciones públicas locales, representa un valor y, a su vez, una oportunidad en el diseño e implementación de alternativas viables y pertinentes tendientes a fortalecer la capacidad de respuesta de las instituciones ante las problemáticas emergentes.

Los derechos humanos son la base de una vida digna en toda la sociedad sin distinciones o exclusiones. Estos derechos se complementan con el Derecho Internacional Humanitario que se enfoca donde hay conflictos violentos. Estos derechos no son negociables y el Estado está comprometido y obligado a impulsarlos y garantizarlos. Colombia experimenta un conflicto interno que exige hacer un seguimiento y análisis de las experiencias relacionadas con esta temática, sobre todo en las regiones donde se padecen conflictos armados.

En Colombia, el conflicto armado ha generado una enorme brecha entre el ideal y el derecho, y un gran reto para reducirla. En este contexto de conflicto, se obstaculiza la garantía de derechos humanos, del derecho internacional y de la acción humanitaria. “El derecho humanitario se aplica en situaciones de conflicto armado, mientras que los derechos humanos protegen a la persona humana en todo tiempo” haya paz o no (CICR, 1998). De manera que, la Administración Pública enfrenta desafíos para la gestión de la transición y del postconflicto en Colombia.

La crisis de derechos humanos y de infracciones al DIH en Colombia (Contreras, 2006), se agrava en la coyuntura del COVID-19, ya que esta pandemia dificulta aún más la protección de los derechos de los civiles y de las víctimas. Se hace más complejo el control del accionar de los grupos al margen de la ley, y la proscripción de formas de control social que ejercen estos colectivos para contener el contagio (Human Rights, 2020). En este orden de ideas, resulta pertinente examinar experiencias con un enfoque en materia de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario y la forma en la cual debe encarar esta problemática la Administración Pública.