¿Cómo construir paz desde los territorios? Esta fue la pregunta que convocó, en Neiva, a más de mil interesados, entre estudiantes de la Escuela Superior de Administración Pública (ESAP), egresados, docentes e investigadores colombianos y extranjeros, representantes de entidades territoriales, sectores sociales y comunidades, en el Segundo Congreso Internacional de Gestión Pública y Desarrollo Territorial, organizado por la ESAP. La complejidad de las respuestas ―tan diversas como Colombia misma— quedó reflejada en la amplitud de temas discutidos en las nueve conferencias centrales y más de treinta ponencias que integraron el programa académico.
«Fueron dos días de diálogos profundos, pensamiento crítico, aprendizaje colectivo y construcción de horizontes para un país que sigue apostando por la paz en los territorios», valoró Breidy Fernando Castro Campos, director (e) de la Territorial Huila, Caquetá y Bajo Putumayo, anfitriona del Congreso, que, con la gestión de la Oficina de Internacionalización de la ESAP, entre el viernes 14 y el sábado 15 de noviembre, concitó la atención de más de un millar de personas reunidas presencialmente y conectadas en línea, alrededor de la reflexión interdisciplinar y multicultural sobre los desafíos que enfrentan las administraciones públicas y la ciudadanía para construir paz desde lo local.
Castro Campos aseguró que «la paz solo es posible si la administración pública territorial se convierte en un puente de cercanía, servicio, eficacia y, de manera especial, de escucha a los territorios». Por ello, señaló que espera que «lo aprendido aquí se convierta en decisiones, en políticas públicas, en instituciones más fuertes, en servidores más comprometidos, en comunidades más participativas y, sobre todo, en territorios más justos y espacios de paz».
En su mensaje de clausura, Jorge Iván Bula Escobar, director nacional de la ESAP, afirmó que del Congreso «resulta un compromiso para seguir pensando en los problemas locales del país y para contribuir con acciones que logren cerrar las brechas territoriales». Concluyó que este evento «reafirma que la paz se construye desde las comunidades y sus saberes».
Fortalecimiento institucional en la diversidad cultural
Las conferencias nacionales coincidieron en que la construcción de paz territorial exige instituciones que comprendan la diversidad social y cultural del país, fortalezcan sus capacidades y garanticen transparencia. Antonio Olmos Pinzón, investigador del Instituto Colombiano de Antropología e Historia (Icanh), mostró que la antropología es clave para que el Estado actúe con pertinencia en territorios diversos, al recordar que «las políticas públicas no pueden ser las mismas para todos los territorios». Explicó que el aumento de solicitudes al Icanh desde otras entidades del Estado, como la Corte Constitucional, evidencia la necesidad de orientar, con el conocimiento etnográfico, decisiones sobre jurisdicción indígena, restitución colectiva y enfoques diferenciales.
Diego Eduardo Dávila Benavides, docente e investigador, presentó los primeros resultados del índice de capacidades municipales para la paz, concebido por la Escuela de Alto Gobierno de la ESAP. El instrumento muestra que, entre los cinco departamentos analizados (Putumayo, Huila, Cauca, Valle y Nariño), los municipios con mayor capacidad institucional son Santiago de Cali, Yumbo, Palmira, Zarzal y Candelaria, y los de menor capacidad son Toribío, Suárez, Caldono, Malambo y Argelia.
Por su parte, Ángela María Castro Cepeda, profesional de la Oficina de las Naciones Unidas contra las Drogas y el Delito (UNODC, por sus siglas en inglés), subrayó que la rendición de cuentas es un pilar para la paz, porque promueve transparencia, diálogo y confianza. Advirtió que la corrupción «es un obstáculo para el desarrollo y para la justicia» y recordó que el control social es un derecho y un deber ciudadano que permite vigilar todo el ciclo de la gestión pública, desde la planeación hasta la evaluación, lo cual lo constituye en una herramienta clave para transformar los territorios, prevenir riesgos y fortalecer la legitimidad del Estado.
Finalmente, Luis Enrique Abadía, delegado de la Contraloría General de la República para la Gestión Pública e Instituciones Financieras, centró su intervención en los principios de felicidad social, justicia material y bien común como orientadores de la gestión pública territorial. Reflexionó sobre la transición del Estado de derecho al Estado social de derecho y defendió la necesidad de un Estado activo, garante de derechos e impulsor de igualdad real, en el que el control fiscal fortalezca la participación ciudadana, la transparencia y una gobernanza alineada con las necesidades del territorio.
Miradas internacionales para transformar la gestión pública
César Páez, jefe de la Oficina de Internacionalización de la ESAP, destacó que el carácter internacional del Congreso responde a la necesidad de superar el aislamiento conceptual y reconocer que los retos de la gestión pública en Colombia son similares a los de otros países. «Un administrador público que solo conoce su realidad local es un administrador con herramientas limitadas», señaló. Por eso, la misión de la ESAP es formar profesionales «capaces de pensar globalmente y actuar localmente, capaces de entender que los problemas complejos requieren respuestas interdisciplinarias e interculturales».
Ricardo Andrés Bello Gómez, docente de la Escuela de Asuntos Públicos y Administración (SPAA, por sus siglas en inglés) de la Universidad de Rutgers-Newark, afirmó que la confianza ciudadana es un recurso esencial para la gobernanza, pues sostiene la legitimidad del Estado, facilita el cumplimiento de normas y promueve la participación en la coproducción de bienes públicos. «En la medida en que el gobierno muestra resultados, la ciudadanía, más activamente, va a exigir integridad, honestidad y transparencia en la implementación de políticas públicas», puntualizó. El profesor compartió investigaciones que muestran cómo el lenguaje institucional puede reducir estereotipos negativos sobre el servicio público y cómo, en crisis como la del covid-19, la confianza se ve más afectada en los gobiernos locales por su cercanía con la ciudadanía.
Desde Brasil, Eduardo Grin, docente de la Fundación Getulio Vargas, analizó la relación entre desarrollo territorial, la descentralización y las capacidades estatales, para mostrar que la asociatividad entre municipios es un instrumento fundamental para «compensar las debilidades de las capacidades estatales de los gobiernos subnacionales». Recomendó la adopción del índice de desarrollo regional (Idere), una herramienta que mide el desarrollo de entidades territoriales intermedias en ocho países latinoamericanos.
Por su parte, Luis Alejandro Robledo Rodríguez, coordinador del Colectivo Nacional de Abogados de Chile y del Centro Internacional de Estudios Jurídicos Interdisciplinares Latinoamericanos, aseguró que el principal desafío de la inteligencia artificial en lo público no es tecnológico, sino ético y administrativo: entender y regular algoritmos que, lejos de ser «inteligentes», contienen sesgos y deben incorporar criterios claros de probidad. Para ilustrarlo, relató su experiencia en el Gobierno Regional de Coquimbo (Chile), donde una plataforma basada en IA permitió estandarizar evaluaciones, mejorar la calidad de los proyectos sociales y fortalecer la transparencia en la asignación de recursos.
También desde Chile, Marisol Osorio Ramírez, subjefa del Proyecto Nueva Ingeniería de la Universidad Tecnológica Metropolitana, indicó que la gestión del riesgo de desastres en América Latina exige reconocer la heterogeneidad territorial y las brechas en la presencia del Estado. A partir de los casos de Macul ―una comuna densamente urbana― y Huaytecas ―un territorio aislado de la Patagonia insular― mostró que cada realidad demanda estrategias diferenciadas y sustentadas en información actualizada, capacidades locales y una institucionalidad sólida. Subrayó que «la paz territorial no es ausencia de conflictos, sino presencia efectiva del Estado y corresponsabilidad social».
Por último, Marina del Rosario Barboza, de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral de Perú,abordó la seguridad y salud en el trabajo como un derecho fundamental y un eje transversal de la vida laboral que debe asumirse desde la prevención, no desde la reacción. Resaltó el rol activo del Estado en garantizar condiciones dignas y seguras, y explicó cómo la Superintendencia combina acciones educativas, asistencias técnicas y operativos en sectores de alto riesgo como la construcción y la industria.
A estas conferencias centrales se sumaron, organizadas en mesas temáticas, más de treinta ponencias derivadas de investigaciones, terminadas y en curso, de estudiantes y docentes de la ESAP y de otras instituciones.
Redactó: Paola Medellín Aranguren
Editó: Juan Guillermo Arias Marín