El efecto de la digitalización «ha sido muy notorio, por ejemplo, alrededor del actual proceso electoral», señaló Mario Moisés Juvinao Daza, director de la Escuela de Alto Gobierno (EAG) de la Escuela Superior de Administración Pública (ESAP): «Los algoritmos modelan comportamientos, jerarquizan información y producen sistemas de recomendación que afectan las percepciones ciudadanas y, por ende, los procesos deliberativos», complementó. Y lo dijo en la tarde del jueves 4 de junio, durante la jornada de apertura del Duodécimo Encuentro Iberoamericano de Escuelas Institutos y Sistemas de Administración Pública, un evento que reúne en Bogotá a más de cuarenta servidores públicos de 24 países de la región bicontinental alrededor de «la ética y la integridad del servicio público en la era de la transformación digital», con el objetivo, entre otros, de fijar unos estándares mínimos de interoperabilidad informática entre Estados, con miras a su aprobación, al más alto nivel, en la Trigésima Cumbre Iberoamericana, en noviembre de este año, en Madrid, España, según explicó Ricardo Conrado Ramos Larruburu, secretario general del Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo (CLAD), en la apertura del evento.
Además de la ESAP y del CLAD, con el apoyo general del Instituto Nacional de Administración Pública (INAP), de España, el Departamento Administrativo de la Función Pública (DAFP), de Colombia, participa también en la organización de este Encuentro que esta vez acoge Bogotá, después de las once ediciones anteriores del Encuentro, en diversos países de Centro- y Suramérica, el Caribe y España, en cada una las cuales los aliados dialogan y establecen acuerdos de cooperación alrededor de algún aspecto específico de interés común y promueven la cualificación de los servidores públicos. Ya antes, también con la participación de la ESAP, se había celebrado en Colombia este Encuentro, en su tercera edición, en Cartagena de Indias.
Ahora, en la capital de la República, este Duodécimo Encuentro coincide con el intervalo entre la primera y la segunda vuelta de las elecciones presidenciales en el país anfitrión, un proceso democrático respecto del cual, por cierto, subsisten dudas sobre el correcto funcionamiento del software para la consolidación de los resultados, una situación que ilustra la «opacidad algorítmica», al decir del conferencista central del Encuentro, Édgar González Salas, asesor del DAFP, quien la señaló como una de las formas de corrupción pública en la era de la informatización, consistente en que «los algoritmos carecen de explicación, auditoría o trazabilidad, de forma tal que las decisiones técnicas pueden ocultar sesgos o favorecimientos», con los efectos concretos en la pérdida de confianza ciudadana y, en general, en perjuicio de la sociedad.
La tecnología: ¿causa de la corrupción o su antídoto?
Con base en una copiosa evidencia empírica sobre 180 países, tomada del Banco Mundial y de la ONU, y con el empleo de una afinada metodología estadística, González Salas demostró la baja correlación entre el desarrollo digital de los Estados y su integridad pública. La supuesta capacidad de la informática para combatir las prácticas antiéticas «es un fetiche, un mito», sostuvo, y precisó: «la digitalización importa, sirve, pero solo allí donde el control de la corrupción está más fuertemente vinculado con la calidad institucional del Estado», es decir, en los países donde impera el Estado de derecho, con una mayor efectividad gubernamental, más capacidad regulatoria, larga y arraigada tradición de rendición de cuentas ante la ciudadanía, estabilidad política y un servicio público altamente calificado, aspectos mucho más relacionados con la baja incidencia de la corrupción. En condiciones estructurales contrarias, explicó González Salas, con la tecnología digital, «la corrupción asume allí nuevas formas, justamente, en clave digital, cambia de soporte: del expediente físico al dato, de la ventanilla de atención al ciudadano a la plataforma en línea, del documento al algoritmo», explicó: «los riesgos de corrupción siguen ahí; pues la integridad es todo un sistema, no una herramienta».
Mucho va de la corrupción administrativa a la corrupción política e, incluso, a la captura del Estado, agregó González Salas, para referirse a tres estadios de degradación del servicio público: el primero, «la corrupción administrativa, se manifiesta, por ejemplo, en el soborno al servidor público para que agilice un trámite o altere un expediente». Esta es la situación cotidiana más visible y conocida. Pero «la corrupción política ocurre a un nivel más alto, con la distorsión de la representación en los órganos de decisión, por ejemplo, con la obtención de votos en el Legislativo a cambio de contratos o cuotas burocráticas». Por último, está la corrupción sistémica, «la captura del Estado por intereses particulares que pueden ser incluso criminales, e implica que las mismas normas y quienes se encargan de velar por su cumplimiento obedecen no a la soberanía popular sino a grupos de poder privados, con frecuencia vinculados a economías ilegales». Ante este último panorama, cualquier tecnología, por eficiente que sea, será necesariamente una herramienta enderezada en contra del bien común.
Digitalización del Estado e inclusión
Otra faceta del tema fue la que trató el profesor Jorge Iván Bula Escobar, director nacional de la ESAP, quien, además de abrir y clausurar formalmente el Encuentro en su rol de anfitrión, expuso el balance de la Escuela de los dos últimos años en su determinación por abrigar la diversidad étnica y cultural del país a través de la apertura de programas formativos dirigidos especialmente a los pueblos ancestrales del territorio nacional.
«En Colombia, la transformación digital también se ha convertido en un escenario de construcción intercultural y fortalecimiento de la administración pública», explicó Bula Escobar: «Para muchas comunidades étnicas, el acceso a herramientas tecnológicas representa mucho más que conectividad: significa la posibilidad de participar activamente en procesos institucionales, acceder a programas del Estado y fortalecer mecanismos de organización territorial», amplió. «En este contexto, la apropiación digital se relaciona directamente con el reconocimiento de derechos, la participación comunitaria y la construcción de gobernanza en los territorios» añadió, después de contar que, en sus sucesivas ediciones entre 2025 y 2026, el Diplomado en Administración Pública Indígena ―iniciativa pionera en el país― «ha contado con una participación de más de 400 inscritos» procedentes de numerosos pueblos ancestrales situados en puntos tan distantes de la geografía nacional como La Guajira, el Eje Cafetero y la región amazónica.
Esta experiencia germinal y la consecuente concepción del programa de pregrado en Administración Pública Intercultural emergen como acciones a contracorriente de la tendencia segregadora tanto del modelo de Estado occidental como de la expansión tecnológica en el que se sustenta, pues es sabido que la estandarización de los procesos de la administración pública y el llamado gobierno en línea, sin decisiones y acciones gubernamentales afirmativas, son proclives a dejar por fuera a las minorías étnicas y a otros sectores de la población menos familiarizados con el lenguaje digital, como los adultos mayores o los jóvenes menos escolarizados, entre otros.
Cooperación para la cualificación, la respuesta
De cualquier forma, con sus dificultades, oportunidades y retos, la digitalización es un camino inevitable para todas las sociedades modernas y, consecuentemente, para todos los Estados, lo que conlleva, para las nóminas del servicio público, la necesidad imperiosa de prepararse continuamente. Alrededor de ese propósito compartido giraron las propuestas de los diferentes aliados institucionales en el resto de la primera jornada del Encuentro y en la segunda, el viernes 5 de junio.
Quizás fue Claudia Inés Useche Melo, jefe de Aprendizaje Corporativo y Operativo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) quien mejor supo resumirlo, a propósito de las nuevas cuestiones que plantea la inteligencia artificial (IA), el más reciente avance de la digitalización, capaz de formular respuestas a partir del procesamiento de grandes volúmenes de datos acopiados de las mismas sociedades: «Por eso, si en las sociedades hay sesgos, desequilibrios y desigualdades, la IA tenderá a reproducirlos, a acentuarlos y a amplificarlos a mayor escala», lo que llama la atención sobre el nuevo papel que deberá asumir el servidor público como analista de la información sobre la que se basarán las decisiones de interés público. «Tradicionalmente, para decidir, el administrador público se ha preguntado: “¿esto es viable?, ¿cumple la norma?, ¿es eficiente?”», explicó Useche: «Ahora debe preguntarse: “¿qué datos alimentan este sistema?, ¿quiénes quedaron representados y quiénes, excluidos?, ¿qué sesgos históricos podrían estar implícitos?, ¿cómo verificamos que los resultados sean justos y equitativos para todos?”».
Hubo consenso, pues, en la necesidad y la disposición a la cooperación formativa entre todos los países, escuelas y entidades multilaterales representados en el Encuentro, cada uno con trayectorias y sus fortalezas específicas. La ESAP, en la voz de Nathaly Burbano Muñoz, decana de Pregrados|, destacó las alianzas ya vigentes con otras instituciones y la disposición de la Escuela para transferir su conocimiento acumulado; «Nuestra posición es particular en el contexto iberoamericano, porque, adicional a los escenarios de capacitación y formación a servidores del Estado, también ofrecemos la formación profesional», explicó, «de modo que la articulación que opera el CLAD entre las entidades de gobierno y las universidades ya ocurre así en la ESAP, experiencia que estamos listos para compartir, tanto con funcionarios de Iberoamérica como con docentes y, por su intermedio, con estudiantes», concluyó Burbano.