En la apertura del Encuentro con la Investigación de la Escuela Superior de Administración Pública (ESAP), en el departamento del Chocó, su director nacional, Jorge Iván Bula Escobar, habló sobre la importancia de la gestión del conocimiento alrededor de la biodiversidad y la afrocolombianidad e invitó a situar estratégicamente la investigación en la ESAP para orientar la solución a problemáticas tales como la pobreza, la desigualdad y los diversos conflictos, y así propender por un mejor vivir para los habitantes de esta región del Pacífico colombiano.
La conferencia central, a cargo del profesor Ronald Alejandro Macuacé Otero, se refirió a la discriminación racial en Colombia, la que, aseguró, se ha perpetuado en el tiempo por efecto de los imaginarios colectivos, producto de las prácticas institucionales, y también por políticas públicas que no responden a las demandas de los territorios ni a las características propias de cada grupo étnico.
«En el país no hay una sola negritud, es diversa, depende de sus orígenes y sus asentamientos territoriales», señaló Macacué, economista, especialista en gerencia de proyectos y con estudios avanzados en desarrollo y en urbanismo. «Por tanto ―coligió―, las soluciones a los problemas de los afros deben ser concretas y reales: el Estado, desde su función pública, debe propender por una identidad étnica a partir del análisis situacional de cada grupo, y para esto lo primero que se requiere es la articulación interinstitucional y la educación a los miembros del consejo comunitario en temas de administración pública».
Por su parte, la conferencia de la profesora Maryline Mosquera versó sobre los consejos de las comunidades negras como los pilares de la lucha contra la discriminación racial, toda vez que son organizaciones representativas y con la función principal de instituir la autonomía para gobernar y administrar sus territorios de acuerdo con sus usos y costumbres, a partir de la expedición normas propias. La investigadora y docente, además, señaló entre los desafíos de estas organizaciones la obtención, el reconocimiento y la titulación de sus tierras, un fin que les antepone trámites burocráticos, dadas las disputas con actores ilegales, con empresas mineras y, en general, los intereses económicos alrededor de la explotación de los recursos naturales, lo que genera conflictos y desplazamientos forzados. «Enfrentar estas y otras situaciones demanda de unas políticas de Estado que garanticen el respeto y la protección de los derechos humanos de la comunidad negra», propuso Mosquera.
Los proyectos de investigación que la ESAP adelanta en el Chocó evidencian la riqueza de la biodiversidad, mundialmente reconocida, en un departamento con bosques nativos que ayudan positivamente a la mitigación del cambio climático, pues almacenan 681 millones de toneladas de carbono, un fenómeno que contribuye 0,19 % al balance del carbono global. Pero este beneficio sigue bajo la amenaza de la tala ilegal de bosques, la ganadería, la minería ilegal, la destrucción de hábitats naturales, lo que pone en riesgo la pervivencia de especies endémicas, ocasiona el aumento de temperaturas y modifica los patrones naturales de lluvias, entre otras alteraciones climáticas.
Harley Quinto-Mosquera, profesor e investigador de la región, propone que las autoridades seccionales del Chocó, junto con la ESAP, emprendan proyectos de investigación para presentarlos ante REDD+ (por sus siglas en inglés: reducing emissions from deforestation and forest degradation), una estrategia de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para la «reducción de emisiones por deforestación y degradación forestal». Una alianza así, advierte Quinto-Mosquera, permitiría obtener recursos financieros como compensación al esfuerzo de la comunidad para disminuir las emisiones de dióxido de carbono y otros gases de efecto invernadero y revertir o al menos detener o ralentizar el calentamiento global. La realización de estos proyectos requiere una investigación aplicada, con métodos robustos de medición, reporte y monitoreo sobre la reducción de emisiones, así como una educación permanente a las comunidades locales para cristalizar su participación, garantizar sus derechos, validar y aprovechar sus conocimientos ancestrales y asegurarles una compensación justa por sus labores de conservación de los bosques y, por ende, de todo el ecosistema ambiental del país y en favor del planeta.
También sobre el tema ambiental, los investigadores del grupo de Gestión para la Administración y el Desarrollo Económico Sostenible Territorial (GADEST), de la territorial Chocó, presentaron avances del proyecto denominado «Gestión de recursos naturales en cuencas del río Atrato», el afluente más degradado de Colombia ―según los mismos investigadores de este grupo―, especialmente por la minería ilegal, que le vierte mercurio y plomo; pero también por el conflicto armando, que contribuye a la deforestación y a la contaminación de sus aguas, aun cuando, en 2016, la Corte Constitucional reconoció al río Atrato como sujeto de derechos y ordenó su protección, con medias que todavía no se han cumplido a cabalidad.
El proyecto de investigación en mención encontró que la labranza en los suelos de la cuenca del Atrato aporta el 82 % de la producción agrícola del departamento, cerca de 454 mil toneladas de alimentos, algunos con calidad de exportación, como el plátano y el cacao, que se venden a países de Centroamérica. Todas las riberas del Atrato son tierras fértiles y propicias para la siembra y el mantenimiento de autocultivos, muestra incontrovertible de las amplias posibilidades de desarrollo para un departamento que, por ello, urge de una educación integral para que su comunidad produzca y administre sus recursos e inversiones de forma autónoma y responsable.
Elaboró: Yolanda Gaitán
Revisó: Juan Guillermo Arias.