Convocados el pasado martes 30 de septiembre en el auditorio Camilo Torres, de la sede central de la Escuela Superior de Administración Pública (ESAP), en Bogotá, líderes sociales, autoridades territoriales, representantes del Gobierno nacional, asesores ministeriales, empresarios y académicos coincidieron con que la Ley de Competencias y Recursos del Sistema General de Participaciones (SGP), hoy en proyecto, deberá «corregir las asimetrías históricas en la distribución de recursos y capacidades institucionales, para garantizar una gobernanza territorial más equitativa, sostenible y alineada con los mandatos constitucionales», como lo anticipó Jorge Iván Bula Escobar, director nacional de la Escuela anfitriona, en sus palabras de apertura de la jornada de socialización del mencionado proyecto, encuentro celebrado en alianza con el Departamento Administrativo de la Función Pública (DAFP).
El proyecto de Ley de Competencias busca relievar aún más el papel de los entes territoriales en la apropiación de los ingresos corrientes de la Nación y en su destinación para sanidad, educación y obras, entre otras áreas, razón por la cual la jornada de socialización de la iniciativa legislativa se concibió para favorecer la mayor convergencia social: «Estos espacios reafirman el compromiso del Gobierno nacional con la descentralización, la autonomía territorial y la participación ciudadana», subrayó Mariela Barragán, directora general del DAFP.
Dado que «las fracturas territoriales continúan siendo el foco de problemáticas respecto al desarrollo y legitimidad en el país» ―tal como lo observó en su intervención Darío Restrepo Botero, exdirector de la Misión de Descentralización―, el gasto público debe orientarse a «cerrar brechas sociales y garantizar que los recursos lleguen de manera efectiva a la ciudadanía, especialmente a los sectores populares», como a su turno planteó Ismael Molina Giraldo, asesor del Ministerio de Hacienda y Crédito Público.
Así, pues, la prosecución de una mayor igualdad, en síntesis, fue un aspecto en el que hubo consenso entre todos los intervinientes durante la conversación, por cuanto, de hecho, según recordó Gustavo Ortiz, director de Fortalecimiento de la Gestión Territorial del Ministerio de Educación, «la Constitución de 1991 estableció un pacto fiscal de la descentralización que asigna hasta el 46.5 % de los ingresos corrientes de la Nación a las entidades territoriales». Por eso, en pro de concretar tal aspiración constitucional, de acuerdo con Diego Carrero Barón, secretario técnico de Ley de Competencias del Ministerio de Hacienda y Crédito público, «la reforma al SGP busca avanzar hacia el fortalecimiento de la inversión en salud, educación y agua potable y consolidar la participación de las comunidades en la solución de sus problemáticas a través de políticas públicas con recursos».
En ese mismo sentido, hacia la optimización de la calidad de vida y con igualdad para toda la población, Catalina Ascanio, asesora del Ministerio de Salud y Protección Social, destacó que el derecho a la salud implica el acceso a servicios de manera oportuna y eficiente como parte fundamental de la garantía de derechos sociales; y Gloria Esperanza Narváez, asesora del viceministerio de Agua y Saneamiento Básico del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, visibilizó un nuevo aspecto relacionado con la sanidad pública, al señalar que el proyecto de Ley de Competencias no solo busca aumentar la participación territorial en los recursos de la Nación, sino también ordenar el territorio alrededor del agua, fortalecer la gestión comunitaria y avanzar hacia una verdadera equidad en los territorios rurales y urbanos del país.
Ya desde una perspectiva práctica, la advertencia provino de Édgar González Salas, asesor del DAFP, quién explicó que el análisis sobre el crédito público territorial y el costeo intergubernamental muestra que la complejidad creciente de los modelos de financiación exige mayor coordinación institucional y adecuaciones administrativas para evitar rupturas y desajustes en la implementación de políticas públicas, el gran desafío que, solo con nuevas rondas de diálogo y más democracia, será posible que la Ley de Competencias, en ciernes, pueda cumplir.