La territorial Meta, Guainía, Vaupés, Vichada y Amazonas de la Escuela Superior de Administración Pública (ESAP) socializó los resultados de la investigación sobre etnia y administración pública, en un evento en el que docentes investigadores de la región presentaron sus ponencias, seguidas de un conversatorio con académicos del público. Este intercambio de conocimientos permite a los investigadores cualificar los avances de los proyectos de investigación y, a las entidades gubernamentales territoriales, aprovechar los resultados expuestos para la toma de decisiones más informadas.
El encuentro se enfocó en la necesidad de reglamentar y ejecutar gran parte del articulado de la Constitución Nacional de 1991, lo que implica el compromiso del Estado colombiano con la protección y promoción de los derechos humanos de las comunidades indígenas, con el reconocimiento de su autonomía, de su identidad cultural y de su participación en la vida nacional, dado que, pasadas ya más de tres décadas desde su promulgación, estos ideales constitucionales aún no se han materializado completamente.
Omar Rey Anacona, profesor investigador de la sede territorial, analizó los motivos detrás de la falta de reglamentación de la ley orgánica que permitiría la formación de entidades territoriales indígenas con autonomía administrativa. Señaló que una causa principal radica en intentar ajustar las realidades étnicas a las directrices gubernamentales, en lugar de, en dirección contraria, formular políticas ajustadas a las realidades de los pueblos ancestrales. Por primera vez, ahora, un gobierno nacional ha establecido estrategias de inclusión social para las comunidades indígenas, en busca de promover su participación en la administración pública, conforme a estándares internacionales de derechos humanos, y fomentar la autonomía y autogobierno a través de la gestión de los resguardos indígenas.
David Leonardo Quitian Roldan presentó un panorama de la región de la Orinoquía y de la administración étnica e intercultural, para destacar su diversidad idiosincrásica, sus ricas tradiciones y su profunda conexión con el entorno natural. Describió las dificultades para esta población, como las que comporta el conflicto armado ―que permanentemente desplaza a las comunidades, entre otras afectaciones― y propuso la implementación de la consulta previa, libre e informada para los proyectos en sus territorios. La Orinoquía es la región con mayor explotación de recursos naturales en Colombia, lo que pone en riesgo el equilibrio ambiental del país y del continente.
Por su parte, el profesor Wilson Ladino Orjuela, desde la territorial Bolívar, informó sobre los esfuerzos históricos de las comunidades indígenas para formalizarse y ser reconocidas por la administración pública, respecto de lo cual subrayó la necesidad de titulación de tierras en los 750 resguardos distribuidos en 23 000 hectáreas en 250 municipios del país. Esta titulación es crucial para que las comunidades puedan ejercer control sobre sus territorios ancestrales y garantizar su protección.
El encuentro también contó con la participación de investigadores de Huila y Tolima, quienes reiteraron las necesidades urgentes de las comunidades indígenas demandas que deben ser atendidas por la administración pública, incluyendo la titulación de tierras, la consulta previa, la participación en la toma de decisiones, el fortalecimiento de los gobiernos indígenas, el apoyo a iniciativas económicas sostenibles y la promoción de la educación intercultural. Estas acciones son fundamentales para asegurar una gestión pública inclusiva, respetuosa y adaptativa, apuntalada sobre políticas concebidas en conjunción con las comunidades indígenas.
Elaboró Yolanda Gaitán
Editor: Juan Guillermo Arias M.