En Colombia cerca de un millón de personas nacieron, pero no existen legalmente ante el Estado: no tienen un documento de identidad que les permita acceder a sus derechos fundamentales. Esta grave vulneración fue analizada por un egresado de la ESAP, quien desarrolló un protocolo para avanzar hacia la construcción de una sociedad más inclusiva, equitativa y respetuosa de la diversidad.
Por Paola Medellín Aranguren
Comunicaciones ESAP, sede central.
Hoy, muchos bebés tienen presencia en redes sociales incluso antes de nacer. Las primeras publicaciones suelen ser una ecografía, un reel de la revelación de género o las fotos del baby shower. Apenas unas horas después del parto, imágenes de sus manos, sus pies y su rostro ya circulan por grupos de WhatsApp de familiares y amigos. A pesar de esta visibilidad digital, para que el Estado reconozca su existencia legal —y con ello sus derechos y deberes como colombianos— necesitan otro perfil: el registro civil de nacimiento.
Según la Registraduría Nacional del Estado Civil, en el país hay cerca de un millón de personas que no cuentan con registro civil de nacimiento, tarjeta de identidad ni cédula de ciudadanía. Nadie sabe con certeza quiénes son ni dónde están, pero su número equivale a la población de una ciudad como Cartagena.
Una persona sin existencia legal ante el Estado no tiene acceso a derechos fundamentales y servicios básicos: no puede estudiar, recibir atención médica ni beneficiarse de los programas o subsidios del sistema de protección social. Tampoco puede participar en la vida política y social, no es tenida en cuenta en censos poblacionales o electorales. Es invisible. Esa negación jurídica se traduce en exclusión real, cotidiana y estructural.
En búsqueda de esta población, la Registraduría ha desplegado una estrategia —la Ruta de la Identificación— para llevar los servicios de registro civil e identificación a poblaciones vulnerables, entre ellas las comunidades indígenas, víctimas del conflicto armado, campesinos y afrodescendientes, que viven en zonas apartadas y de difícil acceso. Desde su lanzamiento en febrero de 2024 y hasta julio de 2025, se han realizado cerca de 265.000 trámites en más de 2.000 jornadas en diferentes lugares del país, según datos de la misma entidad.
“Las campañas de identificación, aunque necesarias, han arrojado resultados que no siempre reflejan la realidad de las comunidades indígenas. Si bien se han extendido registros y documentos de identidad, estos a menudo contienen datos inexactos o incompletos que no permiten un acceso real a los beneficios del Estado”.
Lo dice el abogado Rodrigo Pérez Monroy, quien conoce esta realidad de cerca. Durante 23 años recorrió el país como coordinador de grupos técnicos de identificación y, entre julio de 2021 y enero de 2024, se desempeñó como director nacional del Registro Civil. Su experiencia y trabajo con comunidades vulnerables lo llevaron a enfocar su tesis de grado de la Maestría en Derechos Humanos, Transición y Posconflicto, de la Escuela Superior de Administración Pública (ESAP), en interpretar los desafíos que enfrentan las comunidades indígenas para acceder al registro civil de sus niños, niñas y adolescentes, y en proponer recomendaciones estratégicas para mejorar el sistema de forma eficaz.
“Comprender estos desafíos es crucial para desarrollar estrategias que garanticen la inclusión y el reconocimiento de los pueblos indígenas dentro del marco legal y social del país, y promover así una sociedad más equitativa y justa”, explica el abogado.
Los desafíos para crear el perfil
El registro civil es, en esencia, el primer perfil oficial que una persona tiene en la vida. Allí quedan consignados su nombre, fecha y lugar de nacimiento, filiación y el Número Único de Identificación Personal (NUIP). También se registran otros acontecimientos relevantes en la vida civil, como el matrimonio, el divorcio, el reconocimiento de hijos, la adopción o la muerte.
Uno de los principales obstáculos que enfrentan las comunidades indígenas es la dificultad para consignar en el registro sus nombres tradicionales y territorios de origen. El nombre es uno de los derechos fundamentales de toda persona, expresamente protegido en el artículo 14 de la Constitución Política, que consagra el derecho al reconocimiento de la personalidad jurídica.
“En la Registraduría nos han sabido cambiar nuestros apellidos”, dice Leidy Johanna Chapuel Cuasapud, indígena del Resguardo Males del municipio de Córdoba (Nariño) y egresada de la ESAP. “Por ejemplo, mi apellido es Chapuel y en un principio lo escribieron Chapues, con ‘s’; Kuaran se supone que es con K, pero lo escriben con C, Cuaran, y así nos quedamos”.
En su investigación, Pérez resalta que “la identidad cultural de las comunidades indígenas está profundamente enraizada en sus nombres, apellidos y en la conexión con la madre tierra. Esta conexión es vital para su sentido de pertenencia y continuidad cultural”. Así lo confirma Leidy:
“Ellos [los mayores indígenas] me hacían entender que realmente ese documento no nos identifica como tal, porque es un número que nos dan, y nosotros respondemos más bien a un nombre. Y no tanto al nombre, sino a los apellidos, que son los que nos dan nuestra esencia de ser indígenas”, cuenta la administradora pública territorial.
“Al centrarse precisamente en los niños, niñas y adolescentes indígenas —quienes han sido víctimas históricas del conflicto armado y de la exclusión estatal—, lo que hace el protocolo es resignificar el rol de la administración pública como garante de justicia transicional, de una reparación simbólica y también del fortalecimiento del tejido social”, Lady Andrea Suárez.
No obstante, Leidy señala que las dinámicas han cambiado, y hoy las comunidades indígenas reconocen la importancia de estar identificadas. Saben que, sin cédula de ciudadanía, “usted desaparece del sistema: no tiene ningún derecho, no recibe ningún apoyo, no recibe ninguna ayuda”.
Entre las solicitudes de las comunidades indígenas está el reconocimiento explícito de su origen en los documentos de identidad. En el caso de Leidy, por ejemplo, su cédula debería incluir su pertenencia al Resguardo Indígena de Males, Pueblo de Los Pastos. “Si tuviéramos ese reconocimiento en la cédula comenzaría a ser más relevante nuestra identidad ante los demás”.
Pérez sostiene en la investigación que el análisis de este panorama “subraya la necesidad de un cambio profundo en la manera en que el Estado colombiano interactúa con las comunidades indígenas”. Esto implica una reforma en las políticas de registro civil y otros servicios estatales “para ser más inclusivas, respetuosas y adaptadas a las realidades culturales y territoriales de las comunidades indígenas”.
Un protocolo inclusivo e innovador
Como resultado de su investigación, Rodrigo Pérez diseñó un protocolo de atención y asesoría sobre el registro civil, eficaz y culturalmente sensible, con enfoque en los derechos humanos fundamentales de los niños, niñas y adolescentes indígenas. Desde su formulación, la propuesta introduce elementos clave para una administración pública más inclusiva y plantea una innovación institucional.
Así lo destaca Lady Andrea Suárez, magíster en defensa de derechos humanos ante cortes y tribunales internacionales, profesora de la ESAP y directora de la tesis: “Esta propuesta rompe con los esquemas tradicionales de diseño institucional al construirse ‘de abajo hacia arriba’, es decir, desde las voces y realidades de las comunidades indígenas”. Esa mirada, añade la docente, “convierte la diversidad étnica y cultural en una riqueza institucional, no en un obstáculo”.
El protocolo propone adaptar los procedimientos del registro para incorporar elementos de la cosmovisión indígena, como el reconocimiento de sus nombres tradicionales, su estructura social y su vínculo con el territorio. También sugiere ofrecer los servicios en lenguas nativas, tanto para garantizar una comunicación clara y efectiva, como para demostrar respeto por la diversidad lingüística. Para lograrlo, “es necesario formar a personal bilingüe y desarrollar materiales informativos en los idiomas locales, para asegurar que todas las personas comprendan plenamente sus derechos y el proceso de registro”, explica Pérez.
La profesora Suárez resalta el modelo de corresponsabilidad en la gestión del registro civil como un elemento central para generar confianza y fortalecer la legitimidad institucional. En esa línea, el protocolo incorpora un componente educativo que busca, por un lado, sensibilizar a líderes, padres y jóvenes indígenas sobre la importancia del registro civil y su vínculo directo con el acceso a derechos fundamentales; y por otro, capacitar a los funcionarios encargados de operar el sistema para aplicar un enfoque diferencial. “La formación de personal local asegura que el registro civil sea gestionado por personas que comprenden y respetan las costumbres y valores de la comunidad, lo que reduce el riesgo de malentendidos y resistencia al sistema”, precisa Pérez.
El abogado también propone la implementación de puntos de registro móviles, equipados con tecnología avanzada y personal capacitado, para llevar los servicios de registro a las comunidades más apartadas. Asimismo, sugiere explorar tecnologías emergentes como la identidad digital autoadministrada y blockchain, lo que permite asegurar trazabilidad, unicidad e integridad de los registros. Pérez plantea, además, el uso de tecnología biométrica para vincular al recién nacido con su madre mediante datos únicos —como huellas dactilares o reconocimiento facial— y así evitar la duplicidad de inscripciones.
Hacia una administración pública con enfoque intercultural
Más que resolver un trámite desde una lógica burocrática, el protocolo está diseñado para que el acceso al registro civil contribuya a la construcción de paz y al reconocimiento de la identidad y los derechos de las poblaciones vulnerables. “Al centrarse precisamente en los niños, niñas y adolescentes indígenas —quienes han sido víctimas históricas del conflicto armado y de la exclusión estatal—, lo que hace el protocolo es resignificar el rol de la administración pública como garante de justicia transicional, de una reparación simbólica y también del fortalecimiento del tejido social”, afirma la profesora Suárez.
Desde su enfoque cultural y territorial, el instrumento tiene potencial para adaptarse a otras comunidades. En esencia, señala Suárez, “amplía el derecho a la identidad para proyectar una administración pública más moderna, más segura y con enfoque territorial”.
Rodrigo Pérez, hoy egresado esapista, lo tuvo claro desde el inicio. Su propuesta busca ser más que una solución operativa: aspira a transformar la relación entre el Estado y las comunidades y a convertirse en un modelo replicable en otras regiones del país, en contextos donde poblaciones vulnerables siguen enfrentando las mismas barreras.
*Comunicadora estratégica y periodista. Especializada en el desarrollo y gestión de contenido de alto valor en entornos institucionales y académicos. Mi trayectoria profesional se centra en la traducción de información compleja en narrativas claras, confiables y multiplataforma.
Edición: Paula Andrea Grisales Naranjo
Corrección de estilo: Paola Medellín Aranguren