El nuevo modelo incluye subsidios para adultos mayores sin cotización, beneficios para quienes cotizaron parcialmente y opciones de ahorro voluntario en fondos privados. Expertos señalan que aumentó la inclusión, pero persiste la preocupación por la sostenibilidad financiera.
Por Nicolás Alfonso Téllez Pérez
Comunicaciones ESAP, sede central.
Colombia se prepara para una nueva etapa en materia de pensiones. Por primera vez en 30 años, el Congreso de la República aprobó una reforma pensional, la Ley 2381 de 2024, que concentrará las cotizaciones en un fondo público con el objetivo de ampliar la cobertura, reducir desigualdades y ofrecer mayor protección a quienes no tienen acceso al sistema. Sin embargo, expertos advierten que la sostenibilidad financiera y la informalidad laboral siguen siendo retos de fondo.
“La Ley 100 [la que rige el actual sistema] tenía fallas estructurales graves, como su baja cobertura y un modelo financiero inviable a futuro. La nueva Ley es interesante porque tiene la intención de resolver esos problemas de cobertura y de tratar de ver el tema de financiación, pero tal como está en este momento, no reduce tres cosas importantes: la informalidad laboral, no soluciona la calidad de vida de las personas y cada vez más dependemos del presupuesto de la nación”, dice Dagoberto Torres-Flórez, docente de la Escuela Superior de Administración Pública (ESAP), territorial Meta, Guaviare, Guainía, Vaupés, Vichada y Amazonas y experto en el sistema de seguridad social colombiano.
Aunque el nuevo sistema debía entrar en vigor el 1 de julio de 2025, su implementación fue suspendida por la Corte Constitucional, pues detectó vicios de trámite. A pesar de esto, el debate sobre su alcance sigue abierto. Aquí te contamos en qué aspectos la reforma mejorará el sistema y qué temas aún preocupan, según los expertos.
¿Por qué dicen que es un paso en la dirección correcta?
Uno de los aspectos positivos de la reforma es que elimina la competencia entre el régimen público y privado, como lo destacada el profesor Jorge Armando Rodríguez Alarcón, de la Escuela de Economía de la Universidad Nacional de Colombia. “Terminar la competencia entre el régimen público y el privado es positivo; era insostenible mantener esa competencia con reglas distintas”, dice el docente.
Actualmente, por ejemplo, dos personas con trayectorias laborales similares pueden recibir beneficios de pensión muy distintos dependiendo del régimen al que hayan pertenecido. En los fondos privados, los ahorros se devuelven con intereses si la persona no alcanza a pensionarse; mientras que en el público se devuelve solo lo que se aportó, sin rendimientos. Además, quienes sí se pensionan y tienen ingresos altos reciben pensiones mucho más generosas si están en el público, gracias a subsidios del Estado, explica Rodríguez Alarcón.
En cambio, la nueva reforma elimina la competencia y establece un sistema complementario a través de cuatro pilares: solidario, semicontributivo, contributivo y voluntario. Su principal virtud es permitir que quienes antes no tenían ninguna oportunidad de pensionarse, ahora reciban algún tipo de ingreso en la vejez.
Gracias al pilar solidario, financiado por el Presupuesto General de la Nación y gestionado por Prosperidad Social, el Estado dará una renta vitalicia de $225 mil pesos mensuales a cerca de 2,6 millones de adultos mayores de 65 años en pobreza extrema que nunca hayan cotizado. De acuerdo con el profesor Rodríguez Alarcón, esta medida representaría un salto respecto al actual programa Colombia Mayor, que entrega cerca de $80 mil pesos mensuales a alrededor de un millón de adultos mayores.
Sin embargo, para el docente Dagoberto Torres-Flórez el ajuste es insuficiente. “La cobertura como pensión debería asegurar un mínimo vital y mantener una calidad de vida digna, pero la reforma no lo logra. Amplía el pilar solidario para adultos mayores sin capacidad de cotizar, una medida que ya existía. Este aporte es pequeño y no cumple con el mínimo vital que exigen los principios salariales”. Torres-Flórez agrega que, además, este pilar necesita un mejor control, pues menciona que algunas personas reciben esta renta sin realmente necesitarla.
Por otro lado, el pilar semicontributivo dará subsidios de hasta el 80 % del salario mínimo a quienes cotizaron, pero no alcanzaron las 1.300 semanas necesarias para pensionarse. El Ministerio del Trabajo estima que unas 130.000 personas podrían hacer parte de este pilar en el primer año de implementación.
De esta manera, se ampliaría la cobertura a través del pilar solidario y semicontributivo. Esto es relevante en un país como Colombia, en donde solo una de cada cuatro personas logra pensionarse, es decir, solo el 25 % de la población, según un estudio económico de 2022 de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).
De acuerdo con proyecciones del Ministerio del Trabajo, en el primer año se ampliaría la cobertura pensional al 53 % (4.662.000 personas, aproximadamente) y para el 2052 la cobertura sería del 87 %, es decir, más de 13 millones de colombianos con protección en la vejez. “Es una oportunidad para hacer justicia laboral y justicia intergeneracional para los colombianos y colombianas de hoy y del futuro”, aseguró Antonio Sanguino Páez, ministro de Trabajo y Seguridad Social, a Radio ESAP.
Para el economista Delfín Soto Chaves, doctor en economía financiera y docente de varias universidades, “la reforma sí constituye un paso en la dirección correcta de lo que debe ser un sistema pensional progresivo y socialmente equitativo”. Y agrega: “El modelo debe basarse en un sistema solidario, público, colectivo y no bajo el principio del individualismo metodológico, en el cual, las pensiones de los afiliados dependen únicamente de su esfuerzo de ahorro individual, como si estuvieran aislados”.
Sin embargo, para Torres-Flórez el pilar semicontributivo requiere mejoras clave, especialmente en la opción de ahorro y en el aumento del monto mínimo de cotización obligatoria. “El pilar semicontributivo debe permitir que las personas elijan entre recibir una renta vitalicia o retirar el dinero ahorrado, como ocurre actualmente”.
Torres-Flórez también señala que es relevante que la cotización al fondo público de Colpensiones sea obligatoria para sostener las pensiones vigentes. “El monto mínimo de 2.3 salarios mínimos es insuficiente, las personas podrían asumir un mayor esfuerzo”. Y advierte que existe el riesgo de que se genere una práctica empresarial para contratar solo hasta ese límite de edad, porque podría representar menos desgaste administrativo.
¿Soluciona el problema de inequidad?
El sistema tradicional ha sido criticado por su falta de equidad: se destinan más recursos a quienes más tienen, en lugar de fortalecer la protección social para quienes realmente la necesitan.
Según un informe del 2023 del Observatorio Fiscal y del Observatorio Laboral de la Pontificia Universidad Javeriana, en la actualidad los fondos aportados en el régimen contributivo no son suficientes para cubrir el monto total de las pensiones. Esta problemática se agrava a medida que las pensiones alcanzan sumas más elevadas, lo cual conlleva a un mayor esfuerzo en los subsidios, pues estos solían concentrarse en las pensiones de mayor cuantía.
Por ejemplo, una persona que gana un salario mínimo, cotiza durante 1.300 semanas (25 años) y ahorra el 16 % de su salario; con esto acumula un ahorro aproximado de $60 millones al final de su vida laboral. Sin embargo, lo que se necesita para financiar su pensión de por vida es aproximadamente $180 millones. En este caso, el Estado subsidia los $120 millones adicionales para que esa persona pueda recibir una pensión.
“La reforma sí constituye un paso en la dirección correcta de lo que debe ser un sistema pensional progresivo y socialmente equitativo. El modelo debe basarse en un sistema solidario, público, colectivo y no en el principio del individualismo”, Delfín Soto Chaves.
Con el nuevo modelo, los subsidios se concentrarán en los primeros 2,3 salarios mínimos, eliminando los beneficios para las llamadas ‘altas pensiones’. “Esto implica, por un lado, que la pensión sobre 4, 5 o más salarios mínimos no recibirían subsidio, lo que resuelve en parte el problema de inequidad”, resalta Andrés Prada, del Centro Interdisciplinario de Estudios sobre Desarrollo (Cider) de la Universidad de los Andes.
Soto Chaves añade que el sistema privado, instaurado en 1993, ha concentrado recursos sin ampliar significativamente la cobertura. “Los fondos privados acumulan reservas equivalentes a casi el 50 % del Producto Interno Bruto (PIB), pero solo pensionan a unas 350.000 personas. Mientras que el sistema público, con muchas más limitaciones, pensiona a más de 2 millones. Eso da una idea de lo inequitativo que era el sistema anterior”, precisa.
El profesor Soto Chaves explica que, tras la implementación de la Ley 100, el régimen privado se quedó con los cotizantes más jóvenes y con mayores ingresos, mientras que el régimen público quedó con los adultos mayores, los trabajadores que cotizan sobre el salario mínimo y quienes reciben las pensiones más altas, como políticos, congresistas, altos exfuncionarios del Estado y ejecutivos de grandes empresas.
“Son estos últimos los que han recibido la mayor parte de los subsidios, ya que el Fondo Público —tras agotar sus reservas con la entrada en vigor de la Ley 100, la liquidación del extinto Seguro Social y las cajas de previsión y tras inducir a los jóvenes a migrar al régimen privado bajo información poco clara— dejó al Estado con la carga de subsidiar a los pensionados”, señala Soto Chaves.
¿Cómo beneficia a las mujeres?
El nuevo modelo tendrá un enfoque de género para reducir las brechas de pensión de las mujeres a quienes, por ejemplo, no se les reconocía como trabajo los años destinados al cuidado y crianza de sus hijos. Ahora las mujeres recibirán 50 semanas adicionales de cotización por cada hijo (hasta tres) y tendrán un subsidio del 30 % en la renta vitalicia si no logran la pensión (para hombres será del 20 %).
La reforma también acoge la reducción progresiva de semanas de cotización de 1.300 a 1.000 para las mujeres, como lo ordenó la Corte Constitucional con la Sentencia C-054 de 2024. A partir de la entrada en vigor de la reforma, las mujeres podrán acceder a su pensión con menos semanas de cotización, así: se irán disminuyendo 25 semanas por año hasta 2036, año en el que las 1.300 semanas se habrán reducido a 1.000.
Estas medidas van a permitir una mayor equidad de género en el sistema, pues la situación actual es que mientras el 30 % de los hombres logra cobertura, esto solo ocurre para el 21 % de las mujeres, según datos del estudio económico de la OCDE de 2022.
Y, ¿cuáles son los ‘peros’ de la reforma?
Varios expertos advierten que el nuevo modelo no resuelve un problema de fondo: la informalidad laboral. Actualmente en Colombia, el 55 % de la población trabaja sin un contrato formal, de acuerdo con un informe sobre el empleo informal y la seguridad social del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) de 2025. Es decir, más de la mitad de los trabajadores colombianos no cotizan. Y sin cotizaciones, el sistema se queda sin plata para pagar pensiones.
“La ampliación de la cobertura es importante, pero es asistencial con base en el Presupuesto General de la Nación, no porque mejoren las condiciones del trabajo”, señala el profesor Rodríguez Alarcón, de la Nacional. “Queda el reto de mejorar las condiciones laborales de gran parte de la población; casi la mitad no tiene las posibilidades de acceder a un sistema de pensiones contributivo tal como existe actualmente”, añadió.
En esa misma línea, el docente Torres-Flórez advierte que, sin medidas para formalizar el empleo el sistema dependerá de un grupo cada vez más reducido de cotizantes. “Sin una política de formalización del empleo para que más personas ingresen a cotizar, los mismos que estamos cotizando en este momento somos los que vamos a estar financiando este modelo”, señaló el docente.
Torres-Flórez también señala que al ampliar la cobertura a personas que no van a cotizar, aunque el aporte individual sea mínimo, el número de beneficiarios será alto, lo que incrementará la carga sobre el sistema. A esto se suma un problema estructural: el envejecimiento de la población y la reducción en la tasa de natalidad. “Estamos resolviendo un problema del presente, pero generando un problema a las generaciones futuras en términos de sostenibilidad financiera”, asegura.
Según datos del DANE en un informe del 2024, en Colombia ese año nacieron 371.177 bebés, lo que representa una reducción de 14,4 % de la natalidad frente a 2023, la más alta en la última década.
Ese este punto la Asociación Colombiana de Administradoras de Fondos de Pensiones y de Cesantía, Asofondos, coincide en señalar que entre los retos para asegurar la sostenibilidad están la transformación demográfica, la caída de la natalidad y el aumento en la esperanza de vida, de acuerdo con un comunicado de abril de 2025. Agregan que dicha sostenibilidad se ve comprometida porque el pasivo pensional pasaría del 106 % actual a cifras superiores a 161 %, según estudios elaborados por el Comité Autónomo de la Regla Fiscal en el año 2024.
En resumen, la reforma pensional representa un avance en términos de equidad, cobertura y protección para poblaciones tradicionalmente excluidas. Sin embargo, enfrenta desafíos importantes: la sostenibilidad fiscal y la falta de articulación con una política activa de empleo formal. Como lo destacan los expertos, la reforma tiene buenas intenciones, pero si no se acompaña de transformaciones estructurales, seguirá siendo una solución parcial para un problema de fondo.
Edición: Paula Andrea Grisales Naranjo
Corrección de estilo: Paola Medellín Aranguren