Tras la firma del acuerdo de paz, en 2016, el Estado colombiano adquirió unos compromisos en torno a una transformación estructural del campo, en especial en los municipios más golpeados por la violencia. Pero ¿cómo han avanzado los gobiernos? y ¿realmente qué ha pasado en el territorio?
Por Paula Andrea Grisales Naranjo
Comunicaciones ESAP, sede central.
Al sur del país el relieve montañoso de la Cordillera Oriental se va difuminando hasta transformarse en las llanuras de la Amazonía. Es un territorio de exuberante biodiversidad, cálido, húmedo y lluvioso conocido como piedemonte amazónico, hábitat de plantas y animales que solo viven en esta zona del planeta, como el pequeño tití del Caquetá (Plecturocebus caquetensis) —reconocible por su pelaje café y mirada alerta— que fue descubierto apenas en 2010 pero que ya se encuentra en peligro de extinción por la voracidad de la deforestación.
En ese piedemonte amazónico se encuentra Puerto Rico, Caquetá, un municipio donde la riqueza natural coexiste con la pobreza extrema y moderada del 81,5 % de su población, según datos del Sisben, en 2024. Este territorio fue uno de los epicentros del conflicto armado colombiano durante más de medio siglo, por ello hace parte de los 170 municipios beneficiarios de los PDET o Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial creados con el acuerdo de paz, en 2016.
Estos PDET son una estrategia para resolver las problemáticas del campo originadas en el desigual acceso a la tierra, es decir, en una reforma agraria que aún no se ha materializado. La concentración de la tierra en nuestro país es una de las más desiguales del mundo, con un índice de Gini del 0,89 —donde la cercanía 0 es sinónimo de distribución equitativa y la cercanía a 1 es concentración total—, según datos del Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC) de 2023. Entonces ese 0,89 significa que aquí hay mucha tierra en pocas manos.
El último intento por hacer realidad una reforma agraria fue, precisamente, a través del punto número 1 del acuerdo de paz, en el que se planteó una reforma rural integral. “Una verdadera transformación estructural del campo requiere […] estimular la formalización, restitución y distribución equitativa de la misma, garantizando el acceso progresivo a la propiedad rural de quienes habitan el campo”, menciona el documento. La cuestión es: tras varios años de la firma del acuerdo, ¿cuánto han avanzado los gobiernos en la implementación de esta reforma? y ¿ha habido acceso a la tierra por parte de los campesinos de los municipios PDET del sur, como los de Puerto Rico?
Trocha y río hacia la Colombia profunda
“La salida de campo comenzó el 20 de octubre de 2023, con un viaje por tierra hacia Florencia, Caquetá. Al día siguiente, nos dirigimos al centro poblado de La Chipa, en una camioneta 4×4, en la que hicimos un trayecto de cinco horas por carretera destapada. Al llegar, se percibía un ambiente tenso, pues los pobladores desconfían de los foráneos. Desde allí continuamos hacia nuestro destino final, la vereda Parcelación Bolívia, a la que solo se accede tras un viaje en lancha de diez horas por el río Caguán”.
Fue así como Diego Armando Torres Labrador, en ese entonces estudiante de la Maestría en Derechos Humanos, Gestión de la Transición y Posconflicto, de la Escuela Superior de Administración Pública (ESAP) y Luis Alberto Montoya Osorio, caqueteño de origen campesino, administrador público y asistente de investigación del grupo Colectivo de Estudios Sociales Guadalupe Salcedo, de la ESAP, llegaron al área rural de Puerto Rico, a un conjunto de 17 veredas conocido como Núcleo Cornudos.
Una de las grandes problemáticas de este territorio es que muchos de los campesinos no tienen tierra o poseen predios de manera informal, es decir, sin título de propiedad que los acredite como dueños. En este contexto fue que Torres Labrador llevó a cabo la investigación Análisis de la gestión Estatal en la implementación del punto número uno del acuerdo de paz: adjudicación y formalización de tierras en la comunidad Núcleo Cornudos, Puerto Rico, Caquetá, 2017-2023.
“Estudios anteriores indican que la deforestación es producto de la colonización de la selva, esta colonización es producto del desplazamiento y, a su vez, el desplazamiento es producto de la falta de acceso a tierras por parte de los campesinos. Así que decidí analizar el problema de fondo: la capacidad institucional en la implementación del punto número 1 del acuerdo, que es darle acceso a la tierra a los campesinos”, así explica Torres Labrador por qué decidió hacer su tesis de maestría sobre este tema.
Este rosario de causas y consecuencias sintetiza la realidad que obliga a campesinos del piedemonte amazónico a deforestar para subsistir, expandiendo la frontera agrícola mientras esperan soluciones del Estado a la crisis de tenencia de tierras.
Santos, Duque y Petro: inconsistencias y avances
El punto número 1 del acuerdo de paz estableció dos metas claras para ser cumplidas en un lapso de 10 y 12 años, respectivamente: formalizar la tenencia de la tierra de aquellos campesinos que no poseen títulos de propiedad, como por ejemplo los baldíos apropiados para su sustento; el objetivo es formalizar 7 millones de hectáreas cultivadas. La otra meta es entregar o adjudicar 3 millones de hectáreas más, a través del Fondo Nacional de Tierras, a campesinos sin tierra o con tierra insuficiente.
Siete años después, Diego Armando Torres Labrador descubrió que las cifras oficiales bailaban al compás de cada entidad. “El Centro de Investigación y Educación Popular (CINEP), la Procuraduría General de la Nación y la Agencia Nacional de Tierras (ANT) reportan números distintos”, revela el investigador tras revisar informes oficiales.
“Cuando la ESAP llega a estas veredas, da a conocer qué están planteando las instituciones desde Bogotá; la ESAP tiene la misión de acercar la política pública a la región”, Sandra Milena Polo Buitrago.
Pese a esto, Torres logró establecer patrones claros tras cruzar datos de tres gobiernos (entre 2017 y 2023). En el primer eslabón de la cadena —la incorporación de tierras al Fondo de tierras— las entidades coinciden en un acumulado de 2.230.000 hectáreas. Esto representa el 80,03 % de la meta, con el gobierno de Iván Duque (2018-2022) como principal aportante. Pero al avanzar al siguiente paso —la entrega efectiva a campesinos— el panorama se oscurece: apenas se han adjudicado 105.615 hectáreas, un exiguo 3,52 % del compromiso. Aquí el gobierno de Gustavo Petro (2022-2023) lleva la delantera, aunque el tesista advierte que el avance es “prácticamente insignificante”.
En cuanto a los avances en formalización de los títulos de pequeña y mediana propiedad, Duque en sus 4 años de gobierno fue el que mayor avance reportó con respecto a Santos y a Petro. “En total fueron 3.837.132 hectáreas formalizadas en propiedad rural y se ha llegado al 54,81 % de la meta global establecida de 7.000.000 de hectáreas”, indica.
¿Cómo lo han vivido los campesinos del piedemonte amazónico?
En las veredas donde la selva cede paso a cultivos de pancoger, los campesinos miran con escepticismo los discursos sobre reforma agraria. “Aquí no ha venido a lo menos una entidad que venga a asesorarlo a uno, a decir: ‘mire, usted está como poseedor de un predio baldío, venga que lo vamos a guiar a dónde tiene que ir’… No ha habido eso. Solamente ahorita en este proyecto ustedes nos están enseñando”, así lo describió a los investigadores Elkin Manuel Rincón Pérez, campesino de Puerto Rico.
Este testimonio no es una excepción. Luego de entrar en contacto con 40 campesinos de las 17 veredas de Núcleo Cornudos, los investigadores descubrieron que el 100 % de ellos desconocía cualquier programa estatal para acceder a tierras. Debido esto, Torres y Osorio hicieron talleres sobre la reforma agraria y los orientaron sobre los documentos y procesos que deben hacer para una eventual formalización de sus parcelas ante la ANT.
En Puerto Rico hay un índice de informalidad en la tenencia de la tierra del 56 %, según datos suministrados por la ANT (2023). “Muchos suelos tienen restricciones para su adjudicación porque se encuentran fuera de la frontera agrícola: hacen parte de reservas forestales, de resguardos indígenas o son áreas de explotación minera”, explica Torres Labrador; sin embargo, el investigador aclara que en la zona rural de este municipio “las veredas objeto de este estudio no tienen ninguna de estas restricciones y, por lo tanto, pueden ser objeto de formalización y adjudicación”.
Sandra Milena Polo Buitrago, tutora de la investigación, lo sintetiza con crudeza: ”Nuestro trabajo evidenció que la institucionalidad colombiana simplemente no da abasto para ejecutar una reforma agraria”. La frase resuena como un diagnóstico a una enfermedad crónica: mientras Bogotá discute cifras de formalización, en Caquetá los campesinos talan selva para sobrevivir, ignorando que el acuerdo de paz les prometió derechos sobre la tierra que pisan.
Reflexiones
Mientras los gobiernos no miren hacia el sur del país y se resuelva la problemática en estas tierras fronterizas con la selva, la deuda histórica de la reforma agraria continuará vigente; se trata de una deuda que también pone en peligro este territorio biodiverso de importancia nacional y mundial que es la Amazonía, hábitat de especies endémicas y amenazadas, como el ‘mono bonito del Caquetá’.
Frente a esa ausencia del Estado, los campesinos expresan su voz crítica, el acuerdo se firmó en 2016 y los primeros en buscarlos para hablar de tierras fueron los investigadores de la ESAP. “No sé si es que necesariamente el campesino tiene que armarse para poder entrar en una mesa de diálogo. Los acuerdos se hacen en beneficio para ellos nombrándonos a nosotros, pero el desarrollo no llega al campo”, puntualiza Rincón Pérez.
Más allá de los números, los compromisos y los porcentajes de avance de los informes institucionales, quizá el logro que más importa para los campesinos de Puerto Rico, Caquetá, es la presencia de la academia en su territorio. “Cuando la ESAP llega a estas veredas, da a conocer qué están planteando las instituciones desde Bogotá; la ESAP tiene la misión de acercar la política pública a la región”, concluye la profesora Polo Buitrago. Sus palabras resumen el valioso puente que la academia construye sobre el vacío institucional.
Edición: Paula Andrea Grisales Naranjo
Corrección de estilo: Paola Medellín Aranguren