Este próximo jueves 30 de octubre, en la jurisdicción del municipio de Fonseca, en la Guajira colombiana, con ocasión de la clausura de la primera cohorte del ‘Diplomado en Administración Pública Indígena’, la Dirección Nacional de la Escuela Superior de Administración Pública (ESAP), más allá de entregar las correspondientes certificaciones, agradecerá la hospitalidad del resguardo Mayabangloma y ―en un gesto de lógica inversa― reconocerá las enseñanzas que los capacitadores ha recibido del centenar de miembros de la etnia wayuu a quienes la Escuela acreditará ese día.
La inédita cita, justo al terminar el mes en que se recuerda el desembarco de Cristóbal Colón en alguna isla de lo que hoy se conoce como las Bahamas ―unos 2 300 kilómetros, por el mar Caribe, al norte de La Guajira colombiana―, es propicia para señalar que «la principal dificultad que afrontan las comunidades indígenas es la falta de comprensión del Estado de lo que significa la administración pública, étnica e intercultural, entendida como la gestión pública que reconoce a etnias y minorías y aboga por su protección, sobre la base de sus organizaciones tradicionales», según lo señala David Leonardo Quitián Roldán, docente e investigador de la Dirección Territorial Meta, Guaviare, Guainía, Vaupés, Vichada y Amazonas, basado en los resultados de su investigación en curso sobre catorce resguardos de la amplia geografía que cubre, en otras latitudes del país, esta seccional de la ESAP.
Solo quinientos años después de empezada la colonización española, la Constitución del 91 reconoció a Colombia como un país pluriétnico y multicultural y creó las entidades territoriales indígenas (ETI), sin que todavía hoy exista una ley de la República que las reglamente, un vacío que ha querido llenar, provisionalmente, el decreto 488 del 5 de mayo de 2025, en el cual el Gobierno nacional estipula las disposiciones legales y fiscales para el funcionamiento de las ETI, establece sus competencias y les posibilita el acceso a recursos públicos a través de regalías y el Sistema General de Participaciones, para que saquen adelante sus planes de vida, priorizando sus necesidades a partir de la realidad de cada territorio.
«Necesitamos formación para los indígenas en el área administrativa», reclama Rosa Cecilia Durán Flórez, gobernadora del resguardo Curripaco, en Guainía, «para organizar y tener claro cómo se administra un territorio bajo las normas del Estado colombiano que, en muchos casos, para nosotros, son desconocidas», precisa. Pero, en sentido contrario, «también que el Estado conozca nuestras leyes, porque muchas entidades no las conocen», testimonió Durán Flórez para la mencionada investigación ‘Administración étnica e intercultural: el caso de la Orinoquia colombiana’, dirigida por el profesor Quitián Roldán.
Entre otros conocimientos consolidados y por consolidar, los hallazgos de esta investigación y los aprendizajes de la experiencia del Diplomado que la ESAP cierra la próxima semana en el resguardo de Mayabangloma, Guajira, serán los insumos para la concepción y apertura del programa de pregrado de Administración Pública Étnica e Intercultural que la ESAP ofrecerá en 2026, con un plan piloto en el Cauca, otro de los departamentos con importante presencia de población y tradiciones étnicas.
Boletín 15 – Villavicencio y Bogotá, jueves 24 de octubre de 2025
Sede central y Dirección Territorial Meta, Guaviare, Guainía, Vaupés, Vichada y Amazonas
Redactaron: Tarhen Fernanda Álvarez Peña y Juan Guillermo Arias Marín
Editó y aprobó: Juan Guillermo Arias Marín