Con la intervención de importantes autoridades del Estado y expertos en derecho, democracia, nuevas tecnologías, economía y derechos humanos, la Escuela de Alto Gobierno de la Escuela Superior de Administración Pública (ESAP), en conjunción con el Senado de la República, orientó la jornada de inducción a los 102 senadores electos para el periodo constitucional 2026–2030, reunidos este viernes 17 de julio, en vísperas de su posesión, en el Hotel Grand Hyatt, en Bogotá, donde el día anterior, el jueves 16, los representantes a la Cámara también habían asistido a su correspondiente capacitación.
Elegidas por circunscripción nacional y como resultado de las votaciones legislativas del pasado 8 de marzo, son 61 las figuras que llegan por primera vez a ocupar una curul en la llamada cámara alta, que de esta forma renueva su composición en tres quintas partes. Por eso, «la mejor manera de honrar la confianza de los ciudadanos es preparándose», según señaló Astrid Salamanca Rahin, directora general administrativa del Senado, quien, además, destacó que este proceso de inducción busca acompañar a los nuevos senadores desde el inicio de su gestión, brindándoles información clara y oportuna sobre los procedimientos legislativos, el ejercicio del control político y los deberes y derechos inherentes a su investidura.
En su intervención, Jorge Iván Bula Escobar, director nacional de la ESAP, afirmó que la inducción y la capacitación constituyen herramientas fundamentales para fortalecer el trabajo legislativo y contribuir a una democracia más sólida. Resaltó que la misión de la Escuela es desarrollar las habilidades y competencias de los servidores públicos para mejorar la gestión del Estado en beneficio de la ciudadanía, y reiteró que la ESAP continuará siendo un aliado estratégico del Congreso en la formación permanente de sus integrantes, acompañándolos frente a los desafíos legislativos que demanda el país.
Uno de los momentos centrales de la jornada estuvo a cargo de Gregorio Eljach Pacheco, procurador general de la Nación, quien reflexionó sobre la importancia del control político y el equilibrio entre las ramas del poder público. Basado en su propia y larga experiencia como congresista, sostuvo que no existe un Estado social de derecho sostenible sin un Congreso fuerte, autónomo y respetado, capaz de legislar, reformar la Constitución y ejercer un control político responsable.
Durante la conferencia ‘El Estado y la economía’, John Jairo Morales Álzate, magistrado del Consejo de Estado, subrayó que la actividad legislativa debe adelantarse a la luz de los principios y valores consagrados en la Constitución Política. Explicó la relación entre el Estado social de derecho, la dignidad humana y el orden económico, a la vez que se refirió a aspectos como la libre iniciativa privada, la libre competencia, la seguridad jurídica, la intervención estatal en la economía y la planeación económica como elementos fundamentales para el cumplimiento de los fines esenciales del Estado.
Posteriormente, en su conferencia ‘El Congreso y el procedimiento legislativo’, Humberto Sierra Porto, exmagistrado de la Corte Constitucional, reflexionó sobre el papel del Congreso como pilar de la democracia y la importancia de fortalecer su legitimidad y capacidad técnica. Asimismo, analizó las funciones legislativas y de control político, el alcance de las reformas constitucionales, las relaciones entre el Congreso y las demás ramas del poder público, y los retos que enfrenta el Parlamento para responder a las demandas institucionales y sociales del país.
Iris Marín Ortiz, defensora del Pueblo, pronunció la conferencia ‘Decisiones impostergables en derechos humanos’, en la que explicó el papel de la Defensoría del Pueblo en la protección de las comunidades mediante su presencia territorial, el monitoreo permanente de riesgos, la emisión de alertas tempranas, la representación judicial y la formulación de recomendaciones dirigidas al Gobierno nacional y a las entidades territoriales para prevenir vulneraciones a los derechos humanos. Asimismo, hizo un llamado a que la agenda legislativa mantenga como eje central la defensa de la dignidad humana y la garantía efectiva de los derechos fundamentales.
La agenda académica incluyó, además, conferencias sobre técnica legislativa, herramientas de inteligencia artificial aplicadas al ejercicio parlamentario, comunicación política, la socialización del protocolo frente a la violencia y el acoso sexual en el Senado de la República y la presentación de la Unidad Nacional de Protección, temas con los que se consolidó un espacio de formación integral para quienes asumirán la representación de los colombianos durante el periodo constitucional 2026–2030.
Escuela de Alto Gobierno, Bogotá, viernes 18 de julio de 2026
Redactó: Laura Montes Guzmán
Editó: Juan Guillermo Arias Marín