En la tarde del jueves 9 de julio, en el Teatro de Bellas Artes de Cafam, al norte de Bogotá, en la clausura de la audiencia pública de rendición de cuentas de la Escuela Superior de Administración Pública (ESAP), los más de novecientos asistentes, agradecidos y de pie, ovacionaron al profesor Jorge Iván Bula Escobar, director nacional de la Escuela, en reacción espontánea a su discurso de cierre, en el que, antes que el punto final a su administración, puso otros puntos sobre algunas íes como nunca antes en ninguna de sus intervenciones oficiales anteriores lo había hecho, y con pruebas fehacientes ―indicadores positivos en todos los ámbitos de acción de la ESAP― que contradicen las críticas de las que fueron blanco su designación en el cargo ―al inicio del Gobierno Petro― y su gestión a lo largo del último cuatrienio: «Es sabido que […] nombrarme como director de la Escuela no obedeció a ningún favor político, pues, de hecho, no tengo adscripción partidista alguna, pero sí la convicción compartida, que no tengo por qué negar, [… por] una sociedad colombiana más incluyente, más justa», declaró Bula Escobar, doctor en sociología, magíster en economía y profesor universitario por más de treinta años. Lo señaló luego de que el equipo directivo de la institución presentó el balance pormenorizado del crecimiento sostenido de la ESAP durante esta administración.
Esta fue la sexagésima y última audiencia pública de rendición de cuentas de la ESAP durante la saliente administración de Bula Escobar, después de las 59 anteriores a las que ha convocado la institución en todo el país ―generales y seccionales; en Bogotá y en las dieciséis direcciones territoriales―, casi siete meses después de la anterior, en Popayán, también general, a finales del 2025, con todas las cuales la llamada alma máter de los servidores públicos ha honrado el cumplimiento del orden constitucional y legal colombiano y, en especial, de la Ley 1757 de 2015, «Por la cual se dictan disposiciones en materia de promoción y protección del derecho a la participación democrática», y ha dado otra lección más de transparencia, pulcritud y eficiencia en el manejo de los dineros públicos.
«Más allá de las obligaciones legales, es para nosotros un compromiso moral y ético y una responsabilidad frente a la comunidad universitaria y frente a la sociedad colombiana», había dejado establecido Bula Escobar como premisa en su saludo de instalación de la audiencia, a las 2:33 p. m.: «Las entidades públicas, en general, viven gracias a las contribuciones de ciudadanos y ciudadanas. La ESAP, en particular, funciona y trabaja gracias a los aportes de trabajadores y trabajadoras de quienes recibimos un componente significativo de nuestro presupuesto», recordó. «Sobre lo que hemos hecho con esos recursos, ustedes serán los primeros jueces», les concedió a estudiantes, docentes, administrativos, periodistas y servidores públicos de otras entidades allí presentes en el auditorio ―910 asistentes presenciales―, y a los internautas conectados a la transmisión en línea, en su mayoría esapistas de las direcciones territoriales, desde La Guajira hasta el Amazonas, y desde Chocó hasta Vichada ―más de 375, multiplicados casi por diez, con las visualizaciones posteriores en diferido―, lo que no es un dato menor, pues este sistema híbrido de interacción con la ciudadanía amplió y reforzó el sentido democrático de esta cita.
Exigente examen
«¿Qué ha hecho la ESAP para ampliar el acceso a la educación y garantizar la permanencia de sus estudiantes?», preguntó Tatiana Ramírez Algarra, estudiante de décimo semestre de administración pública. «¿Cómo, durante el cuatrienio, la ESAP ha asegurado la excelencia académica para fortalecer la calidad de la educación superior pública?», quiso saber Mayra Lorena Pérez Alfonso, enlace de Planeación de la Territorial Cundinamarca. Estas son algunas cuestiones referidas a la primera misión de la ESAP, la formación, un aspecto en el que los planes se cumplieron y con creces: fueron 91.468 matrículas entre 2023 y 2025, frente a una meta de 67.300 para el cuatrienio, gracias, en gran medida, a la política de gratuidad para sectores poblacionales con menos recursos y menos oportunidades. Adicionalmente, bajo el liderazgo de Constanza Rojas Hernández, directora de la Oficina de Bienestar Universitario, la ESAP ha provisto atenciones de salud integral para más de 18.000 estudiantes y ha entregado más de 2.300 apoyos socioeconómicos a los estudiantes más necesitados, entre otros beneficios.
Y en cuanto a la calidad académica, de esta administración «destacaría, claramente, la consolidación de un cuerpo profesoral de altas calidades», reconoció Jenny Elisa López Rodríguez, docente y representante de su estamento ante el Consejo Directivo Nacional y una de las asistentes a la audiencia. Fueron más de 8.000 millones de pesos los que la administración destinó a la investigación ―la segunda misión de la ESAP―, resultado de lo cual, la ESAP pasó de tener, en 2021, catorce grupos reconocidos por el Ministerio de Ciencias Tecnología e Innovación a 26, con 1.026 investigadores de la Escuela comprometidos en torno a 140 proyectos. Esta administración también fue la que le restituyó a la ESAP su relevancia académica, al convertirla, en 2025, en coanfitriona de la Décima Conferencia Latinoamericana y Caribeña de Ciencias Sociales (X Clacso), en epicentro del XII Encuentro Iberoamericano de Escuelas Institutos y Sistemas de Administración Pública y hoy estar a un paso de obtener la acreditación institucional de alta calidad del Ministerio de Educación Nacional ―la que ya renovó para el programa de Administración Pública―, entre otros reconocimientos de la comunidad académica nacional e internacional.
En la tercera de sus misiones, la proyección institucional, «¿cuál es el gran desafío de la ESAP para poder seguir incidiendo en los territorios, para que las políticas públicas no sigan siendo planteadas desde el escritorio sino basadas en las realidades de las comunidades?, inquirió José Daniel Gómez, egresado de la Especialización en Gerencia Social y ahora estudiante de la Maestría en Administración Pública. Y además ―agregó―, «¿qué desafíos tiene la Escuela, para capacitar no solo al servidor público sino al ciudadano de a pie o al líder o lideresa con poca formación técnica, pero con la legitimidad otorgada por su comunidad?», Al capacitar a 268.729 ciudadanos, la ESAP ha superado en 43 % la meta del cuatrienio, inicialmente fijada en 188.157. Otro tanto puede decirse de los servidores públicos cualificados en diferentes temas de la administración pública: 151.096, un 38 % más de los previstos en principio: 109.440. Las asistencias técnicas a los municipios con planes de desarrollo con enfoque territorial (PDET), de quinta y de sexta categorías también superaron en 28 % la previsión inicial, pues fueron 1.865, frente a las 1.445 planeadas al empezar la gestión. Buena parte de la agenda de trabajo con las alcaldías proviene de los hallazgos de los proyectos de investigación a los cuales ya se ha hecho referencia. «Un desafío, sin duda, es lograr una mayor articulación interinstitucional, es decir, llegar al territorio con soluciones que unan esfuerzos de varias entidades llamadas a actuar», reconoció Óscar Niño del Río, subdirector nacional de Proyección Institucional.
Altas calificaciones
La ejecución presupuestal de la ESAP se elevó del 70,9 % en 2022 ―justo antes del inicio de la actual administración― al 90 % en 2025; y para la vigencia actual, en proporción al tiempo transcurrido del 2026, va en 55 %. Esto quiere decir que la actual administración ha aprovechado casi la totalidad de los recursos asignados para la inversión en su propio desarrollo ―casi las dos terceras durante el periodo― y para su funcionamiento ―un poco más de la restante tercera parte―, una distribución que, en general, le bastó a la ESAP para que el cumplimiento nacional promedio del cuatrienio fuera del 97,2 %, lo que significa que, consideradas todas las actividades de la Escuela y confrontados sus logros con las metas propuestas desde el inicio de la gestión, solo quedaría pendiente un exiguo 2,8 % de lo previsto, que bien podría suplirse en lo que queda de la vigencia. Adicionalmente, el índice desempeño institucional ―que mide, entre otros aspectos, capacitación y bienestar del talento humano, transparencia y manejo de la información institucional― se incrementó de 87,6 %, en 2022, a 94,48 %, hoy.
En cuanto a inversión, se destacan la finalización y apertura del Centro Integrado de Servicios (CIS), en Montería, un conjunto de instalaciones al servicio de la ESAP y de otras instituciones educativas de la región; el avance del 30 % de la obra constructiva de la sede en Neiva, paralizada desde el 2006; la optimización de la tecnología para una interacción más ágil con los usuarios internos, y el incremento tanto del personal administrativo como de la planta docente, que, en conjunto, llegó a 647 empleados, 366 más que en 2021, y sin incluir a los actuales 1.240 contratistas, una fuerza laboral cuyo trabajo se refleja también en el descenso del 76 % de las peticiones, quejas, reclamos y demás.
Asignaturas pendientes
«¿Para cuándo estarán listas la actualización del régimen académico y la promulgación del ‘Reglamento estudiantil’ y del ‘Estatuto docente’, documentos muy importantes para los próximos cuatro años?», cuestionó Santiago Castañeda Reyes, representante estudiantil al Consejo Académico Nacional, quien aprovechó para agradecer la política de educación gratuita de la cual es beneficiario. «Efectivamente, estamos en la etapa final de las viabilidades financiera y jurídica para esos documentos», respondió Jakeline Vargas Parra, subdirectora nacional académica, quien precisó: «Esperamos que en la primera semana de agosto podamos pasarlo al Consejo Académico Nacional y, posteriormente, al Consejo Directivo, como nos hemos comprometido».
Otros cuestionamientos giraron en torno a los planes para la construcción de la sede para la Dirección Territorial Valle y sobre las listas de elegibles en las convocatorias de investigación, entre otros asuntos que constituyen las «incompletitudes de la gestión», al decir de Bula Escobar, y que recibirán su correspondiente respuesta a través del sitio web institucional en un plazo de quince días, según lo ordena la ley. Con todo, «puedo informar con tranquilidad y con orgullo que, durante mi administración, nuestra Escuela fue objeto de dos visitas consecutivas de control fiscal de los auditores de la Contraloría General de la República, en 2024 y 2025, y que, en ambas evaluaciones, […] las cuentas financieras de la ESAP se declararon aprobadas», señaló Bula Escobar en respuesta a quienes han hablado del supuesto desangre de la ESAP.
«Solo esperaría que quien tome sus riendas sepa preservar el talante académico que hemos buscado recuperar para para la ESAP, en honor a sus orígenes, como un establecimiento público de carácter universitario, y que, como tal, ha de hacer valer ese concepto de universitas, que no es otro que el que le dio su origen de buscar la unidad en lo universal; o de la idea que le precedió de studium generale. Una Escuela orientada, pues, a generar e impartir conocimiento en el campo de la administración pública y de la gestión del Estado, para formar, como fue así concebida, servidores del Estado colombiano con los más altos estándares profesionales y éticos para el ejercicio de la función pública», concluyó.